Derogar decreto de 1946
Para corregir el "problema de incentivos relacionados con el magisterio" se requiere un paso: la derogación de los decretos de 1946 y 1973
En el marco de la inauguración del noveno Congreso Educativo Internacional, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, afirmó ayer: “yo no compro bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, el boleto, la idea, el argumento, el prejuicio, de que tenemos una idea con el magisterio nacional, yo creo que tenemos un problema de incentivos relacionados con el magisterio y tenemos que corregirlo, es una responsabilidad de las autoridades educativas, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por supuesto también de la sociedad en su conjunto” (Reforma, 9-III-2011).
Ante estas declaraciones la Coalición Ciudadana por la Educación considera que el secretario Lujambio tiene razón al señalar que existe un “problema de incentivos relacionados con el magisterio” y comparte la urgencia de corregirlo ya que afecta sustantivamente la calidad educativa en México. No obstante, el principal obstáculo para cambiar este sistema de incentivos es el propio SNTE.
No son prejuicios, como señala el secretario Lujambio, que la representación única de los trabajadores de la educación la tenga el SNTE; que ejerza la afiliación obligatoria y el gobierno recaude cuotas en su nombre; que directores de escuela, supervisores y personal de apoyo pedagógico sean considerados de base y sindicalizados; que el SNTE ha colonizado a la SEP y hasta dirija la política educativa; que el SNTE controle las plazas y su mercado negro, sobre cómo acceden, se mantienen y ascienden los maestros y que 2 mil 247 millones de pesos se hayan destinado a 16 mil comisionados sindicales en 2009. No es prejuicio decir que el la cúpula del SNTE está privatizando de facto la educación pública en México y tampoco lo es que la simbiosis atípica entre el SEP y el SNTE está afectando sustantivamente la calidad educativa en México.
En las circunstancias actuales, ni los padres ni los maestros tienen la posibilidad de intervenir en las escuelas por el control que ejerce el SNTE. Los padres de familia no pueden “meterse en la escuela” de sus hijos –como pidió ayer el Secretario- ya que su voz no importa en la gestión escolar: no pueden influir en el desempeño de los maestros, no pueden cambiar prácticas pedagógicas y no pueden promover a buenos profesores.
Por su parte, el espacio diseñado para su involucramiento, los Comités de Participación Social Escolar, son un fantasma en buena medida gracias a la oposición y resistencia de la cúpula del SNTE. En todo caso, la “participación” de los padres de familia se reduce al pago indebido y abusivo de cuotas que directores de las escuelas les imponen.
Además, estas limitaciones tienen un fundamento legal. Por ejemplo, los padres de familia no pueden “meterse” por que gracias a los decretos de 1946 y 1973 no tienen voz en la designación de los directores de las escuelas de sus hijos. Esa facultad es exclusiva de la Comisión Mixta de Escalafón que la cúpula del SNTE controla.
El secretario Lujambio y el presidente Calderón tienen en sus manos la facultad de modificar “el problema de incentivos relacionados con el magisterio”, fomentar la calidad educativa y la participación de los padres de familia al derogar los decretos de 1946 y 1973 y sustituirlos por una nueva relación laboral transparente, democrática y alejada del acuerdo político corporativo que actualmente tiene sometida a la educación en nuestro país y que limita el involucramiento de la sociedad en la gestión escolar.
