Para frenar la catástrofe educativa
La escandalosa catástrofe educativa que vive el país tiene una causa fundamental: el control corporativo de la carrera del magisterio mexicano. Desde que en 1943 el régimen autoritario impuso la unificación de los diversos sindicatos magisteriales en una organización vertical y antidemocrática, el sistema educativo mexicano ha estado regido por mecanismos de control político y sindical y no por criterios profesionales o académicos.
A la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) como instrumento de control corporativo subordinado al partido del régimen, siguió en 1944 su “reconocimiento” por decreto presidencial como única organización gremial del profesorado, con lo que se estableció el descuento obligatorio por nómina del 1% del salario de las maestras y los maestros para que el gobierno se lo entregara como subsidio al secretario general del sindicato, quien lo administra discrecionalmente sin rendir cuentas a nadie; poco después vino el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 1946, donde se instituye de hecho el control de la burocracia sindical sobre todo el proceso de ingreso, promoción, estímulos y permanencia de los profesores mexicanos en el ámbito de la educación básica y media.
La Coalición Ciudadana por la Educación ha planteado desde su fundación que, así como por decreto presidencial se creó un arreglo vertical y autoritario que ha convertido a las maestras y maestros de México en clientelas de una camarilla de líderes sindicales que los pretenden utilizar como mero instrumento de chantaje político para mantener sus privilegios millonarios, hoy el gobierno mexicano se decida de una vez a acabar con una de las peores herencias del régimen autoritario y le devuelva la dignidad al magisterio mexicano con una carrera que premie el desempeño profesional, la dedicación y la pasión por la enseñanza, en lugar de repartir beneficios y puestos entre los leales.
Hemos centrado nuestra demanda en la derogación del reglamento de enero de 1946 porque consideramos que de ahí surge un modelo de relación laboral que se reprodujo en todos los estados del país con el proceso de descentralización y que ha deformado el sistema de incentivos profesionales de los docentes, de los directores de escuela y los supervisores escolares. La educación en México, para salir de la situación desastrosa en la que se encuentra, tiene que basarse en un nuevo sistema de incentivos, orientado hacia la calidad de la enseñanza y eso es sólo posible si se crea una carrera magisterial donde los profesores asciendan en relación a criterios basados en la evaluación del desempeño profesional, la actualización docente y los resultados de los educandos.
El modelo de relación laboral establecido por el decreto presidencial de 1946 debe ser sustituido por un nuevo arreglo institucional, donde la bilateralidad de la gestión de las condiciones generales de trabajo se centre en los temas estrictamente laborales y de prestaciones, pero no rija en el sistema de incentivos ni en los procesos de ingreso, promoción, estímulos al desempeño y permanencia.
Los mínimos que el nuevo arreglo debería tener, para garantizar que el trabajo de las maestras y maestros mexicanos sea valorado y deje de premiarse fundamentalmente la militancia y la disciplina a los dictados de las camarillas sindicales, son los siguientes:
1. La elaboración definitiva del catálogo general de puestos del magisterio, mejor conocido como padrón de maestros, en todos los estados del país. Es indispensable que se ordene y se haga pública la información relativa a las plazas magisteriales, de manera que la sociedad y los propios docentes conozcan dónde están y quiénes son los maestros, así como el personal que ocupa los cargos de dirección y supervisión sobre los planteles escolares. Este mismo instrumento permitirá acotar y transparentar las comisiones sindicales. Las autoridades educativas de los estados deben contribuir con la SEP a alcanzar este objetivo con base en un plan de mediano plazo para la integración de las cargas laborales de los docentes.
2. La certificación universal de los profesores con base en criterios académicos de conocimientos y habilidades docentes en un proceso periódico para asegurar la actualización de conocimientos y saberes del área. La certificación podría ser llevada a cabo por las instituciones de educación superior de acuerdo con criterios planteados por las autoridades educativas.
3. Que se concursen todas las plazas vacantes y no sólo las de nueva creación o las “intestadas”, que hoy apenas y llegan al siete por ciento de las vacantes. No es aceptable que sean los líderes sindicales los que administren con un sistema hereditario, la ocupación de los puestos magisteriales que se desocupan por jubilación, incapacidad o muerte, pues se trata de una distribución que no premia a los buenos profesores sino a los leales. El concurso de oposición debe ser el único mecanismo válido para ocupar un puesto de maestra o maestro ante un grupo de niños.
4. La instauración de un sistema nacional de evaluación de la calidad educativa coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que concentre el concurso de ingreso, la evaluación de los profesores, los directores y los supervisores, lo mismo que la evaluación del aprovechamiento escolar y de la gestión escolar y educativa con criterios nacionales de calidad.
5. El establecimiento de la evaluación universal periódica del desempeño profesional docente. Este proceso debería ser responsabilidad de colegiados ciudadanos, plurales y autónomos en cada entidad federativa con criterios definidos por el INEE, de manera que correspondan a las necesidades del sistema educativo y no existan distorsiones impuestas por los líderes sindicales en los reactivos de evaluación, como hoy ocurre.
6. La consolidación de un sistema universal de estímulos, al que se acceda a través del sistema de evaluación del desempeño y que sustituya a todos los mecanismos actualmente existentes de estímulos, incluida la hasta ahora llamada carrera magisterial que ha significado un sistema de estímulos desligado de los procesos de mejora de la escuela, del aprendizaje y la enseñanza, para que surja una auténtica, que beneficie a los maestros por su dedicación, su superación profesional y por el desempeño de sus alumnos. Los criterios a tomar en cuenta para otorgar los estímulos de la carrera magisterial deberían ser:
a. Evaluación permanente y obligatoria del desempeño profesional, con un peso del 40 por ciento del total de factores. Esta evaluación se debería componer con un ponderación de la evaluación de conocimientos y la efectuada por los Consejos de participación escolar donde intervienen los padres de familia.
b. Cursos de actualización reconocidos por el INEE, con un peso del 25% del total.
c. Logro escolar de los alumnos, medido con distintos mecanismos de evaluación de sus competencias con criterios establecidos por el INEE, con un valor del 35% del puntaje de la carrera.
7. La separación clara entre los criterios con los que se establece el salario base de los profesores, como son la antigüedad, la puntualidad o la escolaridad de los docentes, y aquellos que se tomen en cuenta para el sistema de estímulos universal de la nueva carrera magisterial.
8. El establecimiento de medidas de desempeño que utilicen datos de varios años, de manera que los incentivos de los docentes sean para mejorar su desempeño en períodos mayores a los de un años escolar.
9. El establecimiento de refrendo de estímulo para que los profesores que no cumplan con requisitos o mejoras del desempeño puedan perderlo.
10. En el caso de los directores y supervisores escolares, además de los criterios de evaluación del desempeño profesional y capacitación, a los que deberán estar sujetos sus estímulos, el INEE debería desarrollar un sistema de evaluación de la gestión escolar y la gestión educativa con participación de los profesores y de los Consejos de participación escolar.
Ya es tiempo de que el sistema educativo nacional recupere el carácter de sujetos profesionales de los docentes pues ello es imprescindible para avanzar en la calidad de la educación y para modificar la gobernabilidad del sistema educativo, hasta ahora basada en el control que ejerce el SNTE sobre las demandas magisteriales. La profesionalización del magisterio mexicano debe ser la tarea central de la reforma educativa pendiente. Con maestras y maestros preocupados por mejorar en su desempeño, el sistema educativo mexicano dejará de ser un botín de unos líderes sindicales corrompidos para convertirse en una palanca fundamental del combate a la desigualdad y al atraso de México.
Es hora de que se institucionalice un nuevo marco normativo tanto para las condiciones generales de trabajo, que sustituya al añejo reglamento de 1946, y se deroguen todas las normas en la que se basa el arreglo corporativo que lastra a la educación e impide la libertad sindical auténtica de las maestras y maestros. La educación en México requiere de una urgente reforma institucional que modifique todas las leyes y reglamentos que le otorgan privilegios a la camarilla del SNTE y que reproducen la catástrofe que condena a los niños mexicanos a una educación de baja calidad. Si no se actúa hoy, el futuro del país está en riesgo.
