Se le conoce también como asistencia sanitaria universal, es el acceso que tienen los ciudadanos a un sistema de asistencia sanitaria y a los sistemas de salud pública que se encuentran en los territorios del país o en una región tanto política como geográfica, los cuales se les prestan a los ciudadanos sin tener en cuenta la situación personal que poseen los ciudadanos o la situación financiera en la que estos convergen.

La sanidad pública es reconocida como un derecho por la mayor parte de los países europeos. Más allá de Europa, países americanos como Canadá, Costa Rica, Ecuador, Cuba o Venezuela también cuentan con este tipo de sistemas. Sin embargo, la sanidad pública no se encuentra en las regiones de Asia o África, donde solamente algunas excepciones cuentan con este servicio.

Cronología de la Sanidad Pública.

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La historia de la sanidad pública se remonta a los comienzos del siglo XIX, el cual se presentó como una suma de normas que tenían como finalidad otorgarle a la sociedad una serie de protecciones a nivel colectivo, dejando de al borde la protección individual de las personas.

Este control grupal tenía como fundamento evitar la propagación de epidemias, mantener un control sobre las mismas, controlar los flujos de migración y mantener bajo control a las diferentes enfermedades que afectan a los individuos en solitario, como los desórdenes mentales.

Este tipo de coberturas fueron las únicas que se encontraron bajo la mirada del Estado, el cual, por medio de la aparición del seguro obligatorio por enfermedades en el año de 1942, hizo surgir la implementación de sistemas sanitarios destinados a la protección del individuo, los cuales se mantuvieron bajo la supervisión del sistema de Seguridad Social.

Con la aprobación de la Ley General de la Seguridad Social en el año 1974, el sistema de salud se implementó a su vez para las personas que se encontraban integradas a la Seguridad Social, uniendo de esta forma la asistencia sanitaria con las cotizaciones de los trabajadores y las empresas.

Antes de esta unión, el sistema de seguridad social limitaba el uso de estos servicios sanitarios a las personas que se encontraban afiliadas a la seguridad social, cubriendo de esta a forma a las personas dependientes de los afiliados y a los descendientes de los mismos.

Por ello, un gran número de personas dejaron de recibir los servicios sanitarios si se encontraban en una situación de desempleo por mucho tiempo, de la misma forma, quedaban fuera de estos servicios si cumplían con el límite de edad establecido sin emancipar del núcleo familiar o si la persona no se incorporaba dentro del mercado de trabajo.

La ley 14 establecida en el año 1986 General de Sanidad, la cual se encuentra vigente a día de hoy establece:

  • Todos los ciudadanos originarios de España y las personas de origen extranjero que se encuentren viviendo dentro de los territorios nacionales se convertirán en titulares al derecho de la protección a la salud y a los servicios de asistencia sanitaria. Para las personas que no cuenten con una residencia dentro del país, se implementa lo acordado en los tratados internacionales y los diferentes convenios.
  • La separación ministerial entre la seguridad social y la sanidad. Desde la vigencia de los estatutos de autonomía hasta 1999, el financiamiento de la Sanidad Pública se encontró regido por diferentes presupuestos autonómicos y por diversas aportaciones económicas que surgían del Instituto Nacional de Salud, el cual era otorgado a las diversas autonomías.

 

Separación de la Seguridad Social y la Sanidad Pública.

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Durante 20 años, uno de los gastos más importantes y grandes fue el gasto relacionado con la sanidad, el cual se llevó a cabo por medio del gasto público, debido a la poca cantidad de infraestructuras y al aumento de las necesidades sanitarias que sufría la población, las cuales se encontraban en aumento. Durante el año 1994 la seguridad social se quebró por completo debido a los múltiples gastos sanitarios, sumado a la falta de material.

Debido a la existencia de estos problemas, la relación financiera que existía entre ambas se anuló de forma definitiva. Ante esto, la sanidad pública recibió sugerencias para  una financiación alternativa, las cuales fueron:

  • Aportaciones realizadas de forma anual, las cuales derivaban de los presupuesto del Estado, realizados a través de transferencias dirigidas a las autonomías.
  • Impuestos de carácter indirecto, como los impuestos designados a la venta de hidrocarburos. Por medio de estas medidas, el gasto sanitario pudo eliminarse y se pudo desarrollar un sistema para recaudar fondos mucho mejor estructurado, el cual se encuentra enfocado en los ingresos y los impuestos del estado.

Cabe destacar que la Sanidad Pública no es dependiente de forma jurídica o de forma económica de la seguridad social, siendo un concepto que confunde a la mayoría de ciudadanos con mucha facilidad, que no poseen suficiente información sobre el tema.